Y SI DESAPARECE EL INAI, ¿SE ABRIRÁN LOS MÁS DE 12 MILLONES DE EXPEDIENTES RESERVADOS?
El Ejecutivo propone incorporarlo a la SFP
México ha acumulado 12 millones 331 mil 670 expedientes reservados en 16 años. Ese universo de documentos, entre las sombras, tendrían que ser revelados si se siguen las palabras pronunciadas por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la mañana del viernes 8 de enero. “ … Que no haya reservas”, exclamó al proponer que el INAI pase a la SFP.
Por Linaloe R. Flores
(La Cerradura).- Si la apuesta al olvido se midiera, el Índice de Expedientes Reservados (IER) del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) -inaugurado en 2004- sería un buen indicador en México. Ahí están los asuntos a los que las dependencias federales decidieron ponerle el candado del recurso de la reserva para que los ciudadanos no los conozcan.
Hasta ahora, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado la intención de incorporar al INAI a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que no haya “reservas”, México mantiene 12 millones 331 mil 670 asuntos bajo esa clasificación, según el IER.
Y es la misma SFP -bajo cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros- la tercera dependencia que tiene más expedientes reservados (213 mil 695), después de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (377 mil 390) en cuya silla principal está Arturo Herrera Gutiérrez y la de Gobernación (257 mil 70) en la que despacha Olga Sánchez Cordero.
“Fast track, así, rápido, que se esté obligado a en 72 horas a entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado”.
Eso dijo el Presidente López Obrador en su conferencia matutina del pasado viernes 8 de enero al anunciar su intención de darle otra estructura al INAI que en 2021 cumpliría veinte años de operación como órgano autónomo garante del derecho ciudadano de acceso a la información pública.
Si se siguen las palabras del Ejecutivo, el gobierno federal quedaría obligado a desclasificar ese universo de asuntos que en estos momentos se encuentra bajo candados. Muchos de ellos, tienen fecha de caducidad hasta 2024 o después de eso; es decir, una vez que López Obrador concluya su mandato.
En la reserva se encuentran asuntos cruciales para el país como los 28 mil 436 que se guardan en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro o los 14 mil 303 de Ferrocarriles Nacionales de México. Los dos son organismos en liquidación y parte fundamental de la historia del país. El primero fue requisado el 10 de octubre de 2009 por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y el segundo fue privatizado por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León en 1998. En los dos casos, aún hay cientos de trabajadores que reclaman liquidaciones o fideicomisos.
Y ESE ÍNDICE, ¿QUÉ MIDE?
Lejos de ser un espejo transparente, el IER del INAI se convirtió con los años en un reflejo de la opacidad de los gobiernos en turno y en un registro de la desmemoria. Conforme transcurrieron los sexenios, la montaña de asuntos puestos bajo candados siempre tuvo un crecimiento sostenido y a veces, desbordado. Con desclasificaciones y nuevas clasificaciones, el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) concluyó con 3 millones 839 mil carpetas bajo reserva, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) lo hizo con ocho millones y el de Peña Nieto con 16 millones 109 mil, según un monitoreo de La Cerradura.
De acuerdo con los propios datos del IER, la mayor cifra de asuntos bajo esta clasificación la puso el gobierno de Enrique Peña Nieto con siete millones 270 mil carpetas nuevas, una cifra que duplicó el número heredado en 2012 por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. De hecho, de julio a noviembre de 2018 -cuando AMLO había ganado las elecciones- la administración peñanietista puso bajo reserva tres millones 776 mil asuntos. Un frenesí que hizo pasar de 12 millones 333 mil que había en julio, cuando se efectuaron los comicios, a 16 millones 109 mil; es decir, el incremento en los meses post electorales fue de 23 por ciento.
Cada una con sus razones, de 265 entidades que integran la Administración Pública Federal, la que más asuntos tiene guardados es la Fiscalía General de la República (antes PGR) . Le sigue el Instituto Mexicano del Seguro Social y luego, la Procuraduría Federal del Consumidor. En los primeros sitios aparecen también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Instituto Nacional de Migración.
Hay cuatro que se distinguen porque no tienen un solo expediente reservado. Estas son el Centro de Investigaciones en Óptica AC (CIO), el Colegio de la Frontera Norte AC, Fonatur Mantenimiento Turístico SA de CV y la Impresora y Encuadernadora Progreso SA de CV. En el caso del CIO, el IER indica que en su historia tuvo mil 431 expedientes reservados, mismos que desclasificó. El Colef llegó a tener 979. La Impresora tuvo nueve mil 187 y Fonatur, tres.
Ahora, esta montaña de documentos ocultos entre las sombras de la reserva ha tomado otro destino. Las palabras del Jefe del Ejecutivo marcan que, de estar interesados, los ciudadanos podrán tenerlos en menos de 72 horas. Acaso puedan ver la luz si es que la historia del INAI da este viraje. O acaso se pierdan en el limbo.
El marco jurídico del INAI se inició en 2001 con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia que obligó a los gobiernos municipal, estatal y federal a entregarle información a los ciudadanos mediante órganos especializados. Cada entidad contaba con sus propias leyes y reglamentos al respecto, así como su propio organismo mediante el cual las dependencias entregaban los datos solicitados. En 2015, se añadió la Ley General de Transparencia que ordenó la homologación de todos los organismos de acceso a la información del país en una sola plataforma. Además, sumó a las dependencias gubernamentales a sindicatos y partidos políticos como sujetos obligados.
Según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el acceso a la información es un derecho humano y comprende “solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información”. Pero esta misma Ley le permite a los sujetos obligados reservar información con 13 argumentos:
Que comprometa la seguridad nacional
Menoscabe negociaciones y relaciones internacionales
Haya sido entregada al Estado mexicano con carácter de confidencial
Afecte políticas monetarias
Ponga en riesgo la vida de una persona física
Obstruya actividades de auditoría de cumplimiento de las leyes
Obstruya prevención o persecución de delitos
Contenga puntos de vista o recomendaciones servidores públicos antes de ser tomada una decisión
Obstruya procedimientos en contra de servidores públicos
Afecte el debido proceso
Vulnere la conducción de expedientes judiciales
Se encuentre contenida en investigaciones de delitos
Si por disposición de una ley tiene carácter de reservado
Aunque fortalecido, el marco legal de la Transparencia no logró abrir los cerrojos de ciertos asuntos. Y no hubo gobierno desde el de Vicente Fox Quesada hasta el de Andrés Manuel López Obrador que no pusiera bajo reserva expedientes con el argumento -exagerado o no- de que su revelación pondría en riesgo al país.
ALGUNOS EXPEDIENTES RESERVADOS
I
EL ENRIQUECIMIENTO DE VICENTE FOX. (DECRETO DE ARCHIVO)
De 2007 a 2010, se mantuvo reservada la indagatoria que contenía un análisis y “cruce de datos” de 32 cuentas bancarias de Vicente Fox Quesada y su esposa, Marta Sahagún Jiménez, así como las declaraciones patrimoniales que presentó de 2000 a 2006. Ese cúmulo de papeles tiene acuerdo de archivo; de modo que la SFP -dependencia en la que se encuentra esa documentación-, niega su revelación con el argumento de que no está disponible. Según esa dependencia, en una respuesta a una solicitud de información, el expediente 142/2007, iniciado al matrimonio Fox-Sahagún, se “radicó” en la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial y se “dictó acuerdo de archivo por falta de elementos”.
II
Panorama Nacional. Reservado hasta 2024
En septiembre de 2012, en una reunión previa al cambio de poderes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se reunieron en la residencia oficial de Los Pinos. El mandatario saliente puso en las manos de Peña Nieto un diagnóstico de la seguridad del país titulado “Panorama Nacional”. ¿Cuál era el diagnóstico del país después de seis años de guerra? ¿Por qué Peña Nieto siguió con la estrategia? En estos días eso no puede saberse porque la Presidencia de la República (con Peña Nieto como Ejecutivo) reservó hasta 2024, tanto el documento como lo que se dijeron esos hombres que gobernaron México.
III
Espionaje telefónico del Cisen. Reservado hasta 2027
Los contratos Cisen 128/13 y Cisen /020/15 con los que el transformado Centro de Investigación y Seguridad Nacional adquirió “Galileo” –un spyware– de la empresa The Hacking Team quedaron reservados hasta 2027. Con él, no sólo se espió para resolver asuntos de interés nacional; sino a periodistas, activistas y políticos. El INAI instruyó al órgano de inteligencia modificar la justificación de la reserva. Le pidió que no se basara en el artículo 14 de la antigua Ley Federal de Transparencia –como lo había hecho–, sino en el 13 de la misma ley, en aras de dejar claro que la revelación de la información de Galileo podría conllevar riesgos. Con ello, el candado quedó más seguro.
IV
¿Quién le vende los vuelos al Presidente? Reservado hasta 2025
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha cumplido con su determinación, ofrecida en campaña, de no volar en el Boeing 787 Dreamliner con matrícula TP-01 “José María Morelos y Pavón” que trasladó por el mundo al ex Presidente Enrique Peña Nieto, así como a su grupo de invitados. La aeronave estuvo estacionada en Estados Unidos, luego regresó a México y su valor fue sometido a una rifa. Mientras, el Jefe del Ejecutivo, su ayudantía, así como el equipo de comunicación social han usado vuelos comerciales para arribar a decenas de rincones del país. No es posible conocer qué agencia le vende al gobierno estos vuelos. La Presidencia reservó por cinco años “los datos de identificación” de este proveedor, así como el nombre de su representante legal.
V
Protocolo de búsqueda de desaparecidos. Reservado hasta 2025
Cada día, hombres, mujeres y niños desaparecen de la faz de México envueltos por los fantasmas del crimen organizado o la trata de personas. Desde que en diciembre de 2006 se inició la Guerra contra el Crimen Organizado hasta ahora, 61 mil 637 personas no han sido vistas de nuevo por sus familiares, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación. Este dolor es redondo. Asociaciones de familiares escarban en todos el país para dar con fosas clandestinas. Lo hacen con sus recursos. Y el gobierno, ¿cuál es su protocolo? El 15 de febrero de 2013, la Junta de Gobierno de la entonces Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) clasificó por un periodo de 12 años el protocolo de búsqueda de desaparecidos. La razón que ofreció es que su contenido “encuentra relación directa con temas de prevención y persecución de delitos, estrategia procesal e impartición de justicia”.
VI
Avalúo de Palacio Nacional. Reservado hasta 2024
La Presidencia de la República puso bajo reserva la cifra de lo que vale el sitio histórico donde Andrés Manuel López Obrador habita y despacha. Una de sus ofertas de campaña fue no vivir en Los Pinos, la residencia inmersa en el Bosque de Chapultepec donde se instalaron los Presidentes desde 1934 hasta 2018. AMLO argumentó que la propiedad se desbordaba en lujo. De modo que se mudó a Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y, debido al recurso de la reserva, no es posible conocer el valor de ese recinto.