Víctimas de México: el verdadero legado
Una historia de datos abiertos
Lectora, lector, lectores:
Anoche, Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a resguardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, al recibir el llamado bastón de mando al pie del restaurante El Mayor, albergado en la terraza de la Librería Porrúa, frente al Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Durante unos segundos los dos sostuvieron al mismo tiempo el símbolo de la transmisión del cambio que –dicen – quieren para México. Como recordatorio de parte de lo que en realidad se hereda, La Cerradura te comparte una historia de las víctimas de México a través de los datos abiertos. ¿Cuánto se ha gastado en la reparación del daño? Ni siquiera 1 por ciento del total de erogaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entre 2020 y 2022. Te ofrece también una disculpa. Un problema en la herramienta de envío le impidió llegar a las 9:00 horas como debió ocurrir. Feliz viernes y felices lecturas ahora que despunta el fin de semana.
LRF
1440 es una ‘newsletter’ que te pone al día en cinco minutos. Sus editores dicen que no hacen falta motivos para las noticias. Puedes suscribirte de manera gratuita en el siguiente enlace:
https://links.swapstack.co/ub18
La austeridad alcanzó la reparación del daño de las víctimas de México
Sólo un contrato fue firmado por ese concepto entre 2020 y 2022 por la CEAV.
Por Linaloe R. Flores
(La Cerradura).- Las víctimas se acumulan en México. En 2022 el Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sumó 7 mil 594 personas con esa condición. Así, el número llegó a 54 mil.
Pero, ante ese panorama, en las compras públicas de la comisión la “reparación del daño” –que según los lineamientos del organismo implica medidas de rehabilitación– no es un gasto sobresaliente. De 79 contratos signados entre 2020 y 2022, sólo uno corresponde a ese concepto.
A partir del 13 de septiembre y hasta el 15 de diciembre de 2022, la CEAV contrató al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C. para capacitar al personal de las áreas jurídicas de la comisión en materia de “reparación integral del daño con perspectiva de género”. Pagó por ello 395 mil pesos.
Ese monto es el 0.56 por ciento del total erogado en ese periodo por el organismo.
Ello, según una localización de contratos en Compranet.
La puerta para empresas con pasado oscuro
Entre 2020 y hasta ahora, el resguardo de los centros de atención integral y el memorial a las víctimas de la violencia costó 40 millones 681 mil 888 pesos, lo que representa el 58 por ciento del total de compras que hizo la comisión en ese periodo.
En el año en curso, la CEAV tiene comprometidos más de 13 millones de pesos para limpieza, servicios de protección para los inmuebles, paquetería y mensajería nacional e internacional, así como suministro de combustible para vehículos. Para estas tareas, su contrato mayor es por 5 millones 493 mil 103 pesos para la custodia de su edificio en Ángel Urraza en la colonia Del Valle en la Ciudad de México.
Los servicios externos destacan en su lista de contrataciones. De hecho, abrieron una puerta por la que empresas con antecedentes de inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incumplimiento o mal desempeño regresaron a la administración pública para posicionarse de nuevo como proveedoras.
SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano fue contratada por la CEAV por 38 millones 793 mil 103 del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2020 para el “apoyo gerencial, técnico y administrativo”. Se trata de una empresa señalada de haber participado en una presunta colusión de varias firmas para ofertar comisiones menores a las de sus competidores en 2018, según la revisión de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Además de esa supuesta asociación a conveniencia, la ASF expuso en su informe de ese año que al 30 de abril de 2019, SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano tenía fincados créditos fiscales por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.
La empresa también fue inhabilitada por la SFP durante tres meses debido a incumplimiento en una contratación.
Entre los proveedores de la CEAV en ese periodo también aparece Jet Van Car Rental con un contrato por 10 millones 467 mil 740 pesos para arrendamiento de vehículos cuya vigencia inició el 12 de octubre de 2022 y concluirá el 31 de diciembre de 2024.
Esa compañía incumplió un contrato con el Servicio de Protección Federal en 2021, lo que le ocasionó la inhabilitación durante un año. Se había comprometido a rentar vehículos modelo 2015 en adelante, en perfecto estado de operación y funcionamiento, pero según la SFP, 13 de las unidades proporcionadas no cumplieron con esas especificaciones.
En el comunicado que la dependencia envió sobre esa inhabilitación quedaron registradas las palabras de la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros:
“Estas medidas ratifican la estricta y permanente vigilancia de la Función Pública en todas las adquisiciones gubernamentales, con el propósito de asegurar que las contrataciones de verdad otorguen un beneficio a la sociedad”.
En julio de 2022, Jet Van Car Rental estaba de vuelta. Ese año logró una suma de 531 millones 903 mi 262 pesos con 21 entidades públicas, según lo publicado en Compranet. Entre esas entidades estaba la CEAV.
18 meses sin titular
El 23 de junio de 2020 Mara Gómez Pérez renunció como titular de la comisión. En su carta de motivos expuso:
“Se pretendió convertir la reparación integral en sinónimo de dinero, repartido de forma discrecional, sin transparencia ni rendición de cuentas. No sorprende que en estas condiciones, también se haya querido hacer de la CEAV, patrimonio y botín de intereses políticos”.
Para el organismo vinieron 18 meses con su cargo principal vacante hasta que el 9 de diciembre de 2021 el Senado designó a Martha Yuriria Rodríguez Estrada.
En esos 18 meses acéfala, la intención de sus gastos no cambió: oficinas, mantenimiento, limpieza, computación o telefonía, servicio gerencial con terceros, boletos de avión, fotocopiado y escaneo, combustible para vehículos automotores terrestres y adquisición de medallas y rosetas para la entrega del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público.
Sin titular, la comisión gastó 88 millones 881 mil 286 pesos. Su contrato más caro fue por 38 millones 793 mil 103 pesos por el servicio integral de apoyo gerencial, técnico y administrativo con terceros con Corporativo Enso Especialistas, una empresa que fue constituida en diciembre de 2020 y que también provee mediante la figura de subcontratación o outsourcing.
De Províctima a la CEAV
El 4 de diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa pronunció por primera vez la palabra “guerra” de manera oficial. Asistía a la inauguración de los trabajos del Quinto Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Mexicano en la que estuvo el príncipe español Felipe de Borbón (hoy rey de España).
“Tengan la certeza de que mi Gobierno está trabajando fuertemente para ganar la guerra a la delincuencia, de que se aseguren y respeten los derechos de cada quien, los derechos de propiedad y de inversión, de que se combata sin tregua la corrupción y se resguarden los derechos patrimoniales de vida y de libertad de todos”, expresó el entonces primer mandatario.
Seis días después, Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, anunció que 7 mil elementos ingresarían a Michoacán en el llamado Operativo Conjunto Michoacán.
No se trató de cualquier decisión política. Entre 2006 y 2011, los homicidios se dispararon en 160 por ciento, al pasar de 10 mil 452 a 27 mil 199, según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La muerte empezó a tomar formas cada vez más grotescas. Hallazgos de cuerpos colgados, desmembrados, machacados o quemados, así como decenas de periodistas asesinados, empezaron a integrar una narrativa de horror. También se registraron miles de desaparecidos y en un fenómeno que aún no tiene expresión oficial, poblaciones enteras se desplazaron.
En paralelo, quedaban miles de deudos. Eran las víctimas que en un sexenio de ofensiva militar en contra de los grupos delincuenciales requerían reparación del daño. Entonces, el 6 de septiembre de 2011 el presidente Calderón Hinojosa creó por medio de un decreto la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) como organismo descentralizado de la administración pública.
En la presentación pública de la Junta de Gobierno del organismo, Sara Irene Herrerías Guerra –nombrada como primera procuradora– sostuvo que el organismo sería un instrumento para ofrecer justicia, verdad y reparación de los daños a las “víctimas del crimen”.
Tres años después –el 8 de enero de 2014– con un nuevo decreto, Enrique Peña Nieto quien fue electo presidente en 2012, transformó a Províctima en la CEAV, la cual recibió la encomienda de elaborar la Ley General de Víctimas, así como la instalación de una comisión en cada estado de la República.
Luego, en 2018, con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador se planearon más cambios para la comisión. El 4 de febrero de 2019, el presidente anunció, en su rueda de prensa matutina, otro cambio respecto a las víctimas de México. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, presentó ese día un plan de 11 puntos. El siete fue en torno a la CEAV.
La reforma anunciada para el organismo consistía en fortalecer los mecanismos de protección a defensores y periodistas, acompañar de manera permanente en búsqueda de campo y el impulso para la creación de 12 comisiones locales.
Las víctimas: la verdadera herencia
En poco más de una década de atención a víctimas y tres gobiernos distintos, las prioridades del gasto no se han modificado en la CEAV. Cientos de millones de pesos se han ido, sobre todo, al mantenimiento de los inmuebles, campañas, redes sociales, renta de vehículos y la limpieza de los edificios.
Las erogaciones más altas, de acuerdo con una localización de contratos en el antiguo Portal de Obligaciones y Transparencia, están registradas en 2016. Una fue por 42 millones 583 mil 292 pesos para pagar a Negocios Optimus Jumace (empresa de outsourcing) la administración de la nómina del personal. Otra fue la instalación del centro de datos de la plataforma del Registro Nacional de Víctimas y la fabricación del software que lo sostendría. Ello costó más de 580 millones de pesos.
Mientras, la incidencia de los delitos de alto impacto creció. El reporte “Cuatro años perdidos en materia de seguridad” del Observatorio Nacional Ciudadano indica que entre 2019 y 2022 se alcanzaron máximos históricos. En 2019 fue el homicidio doloso; en 2021 el feminicidio y en 2022 la trata de personas.
La cortina de la opacidad se impone sobre este ejercicio. El 15 de febrero de 2013 la junta de gobierno de la comisión, cuando aún se llamaba Províctima, puso bajo reserva hasta 2025 el protocolo de búsqueda de desaparecidos porque su contenido tiene relación con la “persecución de delitos, estrategia procesal e impartición de justicia”.