Tragados por el olvido
Decenas de desaparecidos se añadieron a la tragedia sinaloense en la detención de Ovidio Guzmán López
Por Linaloe R. Flores
(La Cerradura).- La detención de Ovidio Guzmán López generó todavía más fantasmas en Sinaloa. En Jesús María, en Culiacán, donde el presunto “líder” del “Cártel del Pacífico” fue aprehendido, decenas de personas fueron reportadas como desaparecidas ante el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.
Pero, con las horas, esas personas fueron tragadas por el olvido. No se elaboró un censo de inmediato, todo quedó en palabras. El secretario de Seguridad Pública del estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoció dos días después de la detención, en la conferencia semanal del gobernador: “En realidad no tenemos una cifra de personas no localizadas ... Se están esperando a que se establezcan las denuncias, necesitamos saber a quién buscar”.
Así, ahora, sus ausencias se mezclan entre los datos oficiales y las cifras negras. De cualquier forma, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) brinda un panorama con cinco mil 676 personas reconocidas como desaparecidas y no localizadas en Sinaloa.
Para la búsqueda de esas personas no hay recursos. En Compranet –la gran base de datos en la que los contratos con los proveedores de los gobiernos son registrados– aparecen apenas 10 adquisiciones para atender la tragedia. Los contratos de esas compras fueron firmados en 2020 y 2021, durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, postulado por el Partido Revolucionario Institucional. La suma fue de seis millones 447 mil 341 pesos y se compraron vales de combustible, equipo especializado y unidades de transporte para la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos.
Pero en 2022, el primer año de gobierno de Rubén Rocha Moya, postulado por Morena, no hay contratos.
El 7 de noviembre, el mandatario sostuvo en su conferencia semanal que de noviembre de 2021 al mismo mes de 2022, los homicidios, los feminicidios y las desapariciones disminuyeron de manera drástica en comparación con el primer año de sus antecesores, Mario López Valdez (2011-2017) y Quirino Ordaz Coppel (2017-2021).
Días después –el 22 de noviembre–, Rocha Moya firmó un convenio de coordinación en materia de búsqueda forense de personas desaparecidas con fines de identificación humana con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda.
A ProBeis, un programa que desapareció sin muchas explicaciones y se integró en el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, le fueron asignados 894 millones de pesos: 350 millones en 2019, 280 millones en 2020 y 264 millones en 2021. Lo que se ha comprado en insumos para buscar a los desaparecidos de Sinaloa cabe 138.6 veces en ese presupuesto.
En cuatro años, mantener el avión presidencial ha costado unos 440 millones de pesos. Lo que se compró para buscar a los desaparecidos de Sinaloa cabe 68.2 veces en esa cantidad.
Así transcurren la vida y la muerte en ese estado norteño.
El diminuto pastel
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) integraron en un reporte las ponencias del primer encuentro internacional sobre Nuevas Tecnologías de Búsqueda Forense que se realizó en 2019 en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.
Algunas de las tecnologías mencionadas fueron las imágenes satelitales, la resistividad, la multiespectrometría y la hiperespectrometría. En el reporte se expone que se trata de herramientas usadas en otros contextos como la agronomía.
Al respecto, en Sinaloa se escribe otra paradoja. Según el Consejo para el Desarrollo Económico el campo en ese estado produce más de 11 millones de toneladas de alimentos. El estado tiene el primer lugar a nivel nacional en maíz, tomate, pepino, berenjena y garbanzo. Y sin embargo, la actividad agrícola no le ha brindado herramientas a quienes buscan desaparecidos debajo de la tierra.
Ninguna empresa agrónoma participó en el pastel de contrataciones públicas que la tragedia generó entre 2019 y 2022. La totalidad se concentró en la adquisición de unidades de transporte.
Mientras, las madres, hermanas y amigas buscan en los terrenos sinaloenses a sus desaparecidos agrupadas en unos 25 colectivos. En el norte, las “Rastreadoras de El Fuerte” se distinguen por su método: reportes anónimos de puntos del mapa sinaloense que alimentan una gran base de datos. En los últimos cinco años, han logrado más de 200 hallazgos. Todo, con picos y palas.
En Sinaloa, la guerra en contra del crimen organizado lanzada en diciembre de 2006 por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa se reflejó con una crisis humanitaria que empezó a dejar los hogares vacíos.
Los números oficiales muestran un crecimiento disparado. Pero en realidad, la dimensión de la tragedia es incalculable cuando las voces dan testimonio en Sinaloa de lo que es perder a una persona.
El RNPDNO tiene su propia crónica de cómo se acumularon los desaparecidos después de iniciada la política calderonista.
Durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, de 2000 a 2006, desaparecieron 12 personas.
En el de Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012, ese número fue de 884.
En la administración de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, la cifra fue de dos mil 489 personas desaparecidas.
En el presente gobierno, esa contabilidad va en mil 874.
México logró instalar un registro de desaparecidos con información de las fiscalías locales después de una década de intentos; pero no ha logrado desarrollar una herramienta de búsqueda. Así se acumulan los fantasmas.