La tierra de Ovidio Guzmán
Sinaloa ha gastado muy poco para paliar el desplazamiento forzado, la estela que dejan las noticias de los hombres célebres del narcotráfico
Por Linaloe R. Flores
(La Cerradura).- En Sinaloa, la ruta de los recursos públicos federales para el desplazamiento forzado es inexistente. En los casi 22 meses de gobierno de Rubén Rocha Moya ningún recurso federalizado se dirigió a esta población.
Además, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su recomendación general 2/2022 indica que el Programa para la Atención y Protección de Personas Desplazadas –piedra angular de la política para enfrentar el fenómeno– cayó en la inoperancia.
En cambio, de 35 contratos publicados por el gobierno estatal en Compranet, la plataforma que aglutina las licitaciones con dinero federalizado, 18 fueron para obra pública. En ese universo de erogaciones, de una suma de 217 millones 854 mil 833 pesos, el 88.1 por ciento fue para infraestructura.
En este conjunto se encuentran las contrataciones que se le otorgaron a las empresas Construcciones Felmi S.A. de C.V., Corporativo de Servicios en Construcción S de RL de CV y Grobson S de RL por una suma de 142 millones 778 mil 516 pesos para la edificación del puente El Quelite.
Ese puente –la mayor obra a la que el Gobierno del estado le destinó recursos otorgados por la Federación– se derrumbó en diciembre de 2022 debido a que se le colocó una viga de manera errónea a pocos días de su inauguración. La equivocación costó 200 millones de pesos que según las autoridades sinaloenses asumió la constructora Grobson S de RL.
La segunda obra en importancia de acuerdo con el dinero destinado fue el camino Batequitas-La Higuerita en Badiraguato por 19 millones 542 mil 507 pesos con Cribas y Edificaciones Las Flores S.A. de C.V. En ese sitio –con un índice de pobreza que se ha mantenido alto durante casi un siglo– nació y vivió su infancia el gobernador Rocha Moya.
Otra edificación con un contrato otorgado en 2022 fue el Centro Regional de Justicia para las Mujeres en Mazatlán por 11 millones 224 mil 137 pesos con Constructora Marvines. El mandatario estatal lo inauguró en febrero de este año ante Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación.
Hubo más gastos. El dinero también fue invertido en material de limpieza y papelería para la rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente, mobiliario y un sistema integral de grabación de audio y video para equipar las salas de audiencias de los tribunales laborales locales, así como en equipos de aire acondicionado en la primaria Antonio Nakayama en Culiacán.
Los cientos de desplazados no tienen una sola mención en la lista de compras públicas del gobierno del estado norteño.
¿Quiénes son ellos?
Óscar Loza Ochoa, fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, no reconoce ninguna casa levantada para quienes han sido obligados a dejar sus casas por la violencia en Sinaloa en los últimos meses.
“... Lo que nosotros tenemos de conocimiento es que no se han construido en este gobierno de Rocha Moya ... Lo que Rocha planteó el año anterior es la extinción también de una reserva territorial en Mazatlán para construir casas, pero no se ha comenzado a construir ni siquiera cimientos en ese terreno. Es un terreno amplio donde incluso él señaló, que habría un diseño de tal manera que hubiera espacios de recreación para los niños, áreas verdes y cosas por el estilo, pero no se ha iniciado la construcción de nada”, expresa el activista y estudioso del fenómeno en el estado.
En ese paisaje, en las primeras semanas de agosto, más de 600 personas llegaron a refugios temporales en la ciudad de Guamúchil, en el municipio de Salvador Alvarado, mientras huían de la violencia suscitada por dos grupos en sus comunidades. Allá, en la sierra, desde donde se desplazaron, por lo menos 40 vehículos ardieron en llamas. Los pueblos quedaron sitiados y poco a poco, desalojados. Estos ataques se concentraron en las comunidades de San José de Las Delicias y Calabazas.
La escena colmó 13 años de migración interna forzada de un rincón a otro dentro de Sinaloa. En 2010 la guerra en contra del crimen organizado lanzada por el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa desbarató al cártel de los Beltrán Leyva y dejó varios fragmentos. El estudio “La mitificación del Chapo”, firmado por el investigador Scott Stewart, de la agencia de inteligencia StratFord, identificó a una de estas células como “Los Mazatlecos” y alertó de su expansión en el norte de Sinaloa.
“Los Mazatlecos” buscaron refugio entre la sierra y a su paso quemaron viviendas de cientos de personas en 28 comunidades, según quedó plasmado en la recomendación 39/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los pueblos se vaciaron.
Desde entonces, el desplazamiento interno de Sinaloa no ha parado.
En agosto de 2020 fue publicada la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa que ordenó la elaboración de un censo. Las últimas cifras de ese levantamiento mostraron que entre 2012 y 2018 se fueron 2 mil 635 familias de 234 comunidades que forman parte de 10 municipios.
Las personas que llegaron en agosto a Guamúchil han regresado a su comunidad, según lo ordenó el Gobierno de Sinaloa. Para Loza Ochoa esa decisión fue un error que avivará, más temprano que tarde, el problema. El defensor de los derechos humanos exclama: “Están regresando 16 o 17 días después del desplazamiento. ¿Qué oportunidad hubo para que las cosas cambiaran?”.