La Adjudicación Directa se impone en el Banco del Bienestar
Empresarios que fueron proveedores en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa se beneficiaron de los contratos del proyecto impronta de la 4T.
(La Cerradura).- Proyecto estelar del gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador, el Banco del Bienestar (BanBien) opera con contratos de montos millonarios de los cuales, el 65.5% ha sido otorgado por Adjudicación Directa, el procedimiento que no requiere concurso entre empresas.
Proveedores frecuentes en gobiernos anteriores como Teléfonos de México SAB de CV de Carlos Slim Helú, SixSigma Networks México S.A de C.V de María Asunción Aramburuzabala hasta 2021, Estudios Azteca S.A de C.V de Ricardo Salinas Pliego y Televisa de Emilio Azcárraga Jean son protagonistas del escenario del BanBien.
Para hacer sus adquisiciones, el BanBien también ha recurrido a la figura de “Otras Contrataciones”, la cual no está establecida en el marco jurídico de las compras públicas. Así arrendó vehículos tipo sedan y de pasajeros para movilidad en todo el país con las empresas Jet Van Car Rental SA de CV (hoy inhabilitada), A2Daht Health Mexico S.A de C.V y Value Automotriz S.A de C.V.
Bajo esta forma, contrató además vales de despensa para sus trabajadores por el fin de año en 2021 y como prestación mensual en 2022, con Toka Internacional S.A.P.I de C.V. Las “otras contrataciones” también beneficiaron a Grupo Nacional Provincial S.A.B para el aseguramiento integral del parque vehicular para 2022. Así se sumaron 125 millones 76 mil 662 pesos.
Lo anterior resulta de la localización en Compranet de los contratos bajo la nomenclatura de Banco del Bienestar. Se trata de los gastos generados en las mil 200 sucursales que la institución reconoce en operación que hasta ahora han generado 433 contratos. Este pastel de dinero público se ha otorgado, además de la Adjudicación Directa y “otras contrataciones”, por:
Licitación pública (13.8%)
Invitación a tres personas (10.6%) y contratos entre tres personas (8.3%).
El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público indica que las dependencias y entidades gubernamentales pueden contratar bienes y servicios mediante licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación Directa. La regla general debe ser la Licitación Pública mediante la cual, los proveedores presentan proposiciones. Es una manera en la que el Estado puede asegurarse de elegir la mejor opción por condiciones como precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Para ese objetivo, el espíritu de esta ley es que la Adjudicación Directa sea usada de manera excepcional.
Marco Antonio Fernández Martínez, coordinador del programa anticorrupción de México Evalúa, describe el panorama del BanBien como un microcosmos de la forma en que la presente administración ha otorgado las contrataciones públicas. Expone que la Adjudicación Directa predomina en todas las entidades. “Es el sello de la casa. Y eso es lo preocupante”, sostiene.
El también investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey pone énfasis en que la Adjudicación Directa no equivale a actos de corrupción dado que la ley la permite. Más bien, en la proclividad a este procedimiento se entraña otro problema: la falta de evidencia de verificación por parte de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación sobre si se realizó por excepción como lo establece ese mismo marco jurídico.
En cuanto a las “Otras Contrataciones”, el especialista señala que se trata de una figura “inventada” con la que el gobierno elude reportar cuál de los procedimientos establecidos en la ley fue utilizado, lo que vuelve “más opacos” los procesos.
En el análisis de Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los datos del BanBien presentan el favorecimiento de prácticas monopólicas, lo que se contrapone a la apertura del mercado para lograr mayor calidad y mejores precios para las entidades públicas.
En el paisaje del BanBien se añade otro elemento que limita el acceso a la información. La institución reservó de manera temporal las razones por las que canceló un contrato multianual de servicios por más de 18 mil millones de pesos que firmó en octubre de 2021 con Bahud Processing Mexico, filial de la firma panameña Global Research. La razón, de acuerdo con una resolución del Comité de Transparencia del banco, es que está bajo un proceso administrativo por presentar irregularidades. Se trata de la mayor contratación que hizo el gobierno del presidente López Obrador en 2021.
Lo anterior contrasta con uno de los propósitos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El apartado I, titulado Política y Gobierno expone como objetivo “erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad” y “verificar los precios del mercado”.
En el texto, se lee:
“… Es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición”.
Las beneficiadas
Con sus contratos, el BanBien se convirtió en una plataforma para que empresas conocidas y renombradas lograran consolidar su “ganar-ganar” de los gobiernos pasados. Algunas han sido contratadas por los gobiernos federales desde hace dos décadas, cuando gobernaba Vicente Fox Quesada (2000-2006). Ahora, se arropan bajo el manto de la Adjudicación Directa de una de las instituciones impronta de la llamada “Cuarta Transformación” que ofreció distinguirse de las administraciones que la antecedieron.
Entre estas compañías están las de Carlos Slim Helú, el hombre que desde 1994 ingresó a la lista de Forbes como el más acaudalado de México. Cuatros años antes, el Grupo Carso, bajo su dirección, obtuvo la mayor parte de las acciones de Teléfonos de México S.A.B de C.V en su proceso de privatización. Entre 2019 y 2022, el BanBien le ha entregado de manera directa a la telefónica, 2 mil 132 millones 897 mil 804 pesos para servicios de comunicación. A ello se añaden los 3 millones 725 mil 374 que recibió Seguros Inbursa –la aseguradora que adueña Slim– para resguardar los bienes del banco. En los dos casos, se evitó el concurso.
En diciembre de 2018, la relación de las empresas de Slim Helú con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parecía impensable. El magnate marcó distancia con la nueva administración con críticas como la que hizo sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde tenía inversiones.
Pero el 28 de agosto de 2019, Slim Helú acudió a la conferencia “mañanera” del presidente López Obrador. Ahí aplaudió y sonrió. Se había anunciado un acuerdo para construir siete gasoductos que el gobierno pretendía detener porque los consideraba excesivos. En los meses siguientes, sus empresas volvieron a ganar contratos en la administración federal.
Otra beneficiaria de la Adjudicación Directa del BanBien es SixSigma Networks México, cuya actividad se concentra en los servicios de tecnología de la información. Hasta ahora, el BanBien le ha otorgado dos mil 636 millones 616 mil 796 pesos de manera directa para el control de las operaciones de su centro de datos.
En noviembre de 2021, I Squared Capital adquirió KIO Networks, consorcio al que pertenece SixSigma. Tresalia Capital, de María Asunción Aramburuzabala, era la principal accionista. El monto de la transacción no fue informada por ninguna de las empresas, pero el periódico Reforma publicó que el proceso incluyó siete contratos con el gobierno federal, de los cuales, cuatro fueron por Adjudicación Directa en 2020 y 2021 a SixSigma.
La revisión de La Cerradura arroja que a través del BanBien, el gobierno de López Obrador le dio cuatro contratos directos a esa empresa en esos años. Uno venció el 28 de marzo de 2021, otro el 31 de diciembre de 2020, uno más en diciembre de 2021 y el otro en mayo de 2022.
Por lo menos los últimos diez años y en manos de Aramburuzabala, el gobierno federal fue el principal cliente de SixSigma Networks México. Uno de sus contratos mientras gobernó Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue para expedir la Clave Única de Identidad, compromiso del llamado Pacto por México –firmado por varios partidos políticos en ese sexenio– y que el entonces primer mandatario refrendó después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. El proyecto fue abandonado.
Una historia similar tiene la empresa Casanova Vallejo. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto dominó con la percepción de más de 13 mil millones de pesos con más de 700 contratos, según una revisión en Compranet. En 2019 el BanBien le otorgó 8 millones 596 mil 366 pesos en dos contratos por renta de vehículos.
Hoy, esa empresa está inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública hasta junio de 2026 por incurrir en sobreprecio en la renta de ambulancias al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
No todos los contratos directos del BanBien se refieren a servicios, adquisiciones o arrendamientos. También está la difusión en medios. En las campañas “Creación del Banco del Bienestar. Versión Banco del Bienestar”, “Banco del Bienestar. El Banco de los Mexicanos”, “BanBien 2020. Versión Cerca de Ti” ha gastado 25 millones 236 mil 338 pesos que significaron 89 contratos con poco más de diez empresas informativas.
En ese ámbito, la Adjudicación Directa del BanBien alcanzó a Estudios Azteca, la parte digital de TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Dos contratos de publicidad oficial le fueron otorgados en noviembre de 2020 y luego, en el mismo mes de 2021, para que difundiera al banco. El primer año fue con la campaña “Cerca de Ti” y el siguiente con la de “El Banco de los Mexicanos”. Con ello, Estudios Azteca se llevó 761,981 pesos de manera directa.
También Televisa tuvo dos contratos por las mismas campañas por 762 mil 44 pesos en 2020 y 2021, durante diciembre.
Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que los datos del BanBien “hablan de una enorme simulación en el sentido de que el gobierno trató de diferenciar al banco, pero al final, los beneficiarios directos son los mismos que antes. “Estamos en presencia de un discurso que no va de la mano de la realidad que dice buscar”, expresa.
La creación del BanBien fue inmediata: la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la transformación del otrora Bansefi el viernes 19 de julio. Esa mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo anunció en su conferencia. Su gobierno cumplía siete meses y estaba por echar a andar uno de los organismos emblema de su política social.
El plan era dispersar los recursos de los programas sociales, la inversión y la adopción de medios de pagos electrónicos dentro de las comunidades indígenas y con vulnerabilidades. Además, fomentar el ahorro, el crédito y la recepción de remesas desde Estados Unidos.
Casi con la misma rapidez, empezó a firmar contratos. En el cambio de imagen institucional invirtió 28 millones 224 mil 266 pesos con Publicidad Xoco-Taz S.C del 12 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020.
Con Teléfonos de México S.A.B de C.V había firmado desde marzo uno de las mayores cuantías: la red privada virtual, telefonía IP y comunicaciones unificadas, así como telefonía tradicional, por 88 millones 586 mil 927 pesos.
Con Axtel S.A.B de C.V pactó desde el 12 de julio de ese año, 365 millones 999 mil 999 (este contrato sí fue licitado) para el monitoreo, la administración y control de las operaciones del centro de datos.
El total, ese primer año de operaciones, el BanBien otorgó dos mil 164 millones 254 mil 17 millones de pesos. Al año siguiente, ese monto fue de 3 mil 557 millones 948 mil 197 millones de pesos. En 2021, las erogaciones se dispararon y llegaron a 18 mil 753 millones 80 mil 710 millones de pesos (se canceló el contrato con Bahud Processing Mexico S de RL de C.V. por 15 mil 787 millones 380 mil pesos). En el presente año, los contratos van en 8 mil 540 millones 166 mil 420 pesos.
El caudal de dinero público se mantendrá por lo menos hasta 2023. La meta original de 2 mil 700 bancos para este año no se cumplió, pero un plan de expansión reelaborado el pasado enero de este año los proyecta para 2023.
En tres años de funcionamiento, la institución ha sido dirigida por Rabindranath Salazar Solorio (2019-2020) y Diana Álvarez Maury (2020-2021). En estos momentos está a cargo de Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra.
Así inició operaciones el Banco del Bienestar
La creación del BanBien fue inmediata: la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la transformación del otrora Bansefi el viernes 19 de julio. Esa mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo anunció en su conferencia. Su gobierno cumplía siete meses y estaba por echar a andar uno de los organismos emblema de su política social.
El plan era dispersar los recursos de los programas sociales, la inversión y la adopción de medios de pagos electrónicos dentro de las comunidades indígenas y con vulnerabilidades. Además, fomentar el ahorro, el crédito y la recepción de remesas desde Estados Unidos.
Casi con la misma rapidez, empezó a firmar contratos. En el cambio de imagen institucional invirtió 28 millones 224 mil 266 pesos con Publicidad Xoco-Taz S.C del 12 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020.
Con Teléfonos de México SAB de CV había firmado desde marzo uno de las mayores cuantías: la red privada virtual, telefonía IP y comunicaciones unificadas, así como telefonía tradicional, por 88 millones 586 mil 927 pesos.
Con Axtel S.A.B de C.V pactó desde el 12 de julio de ese año, 365 millones 999 mil 999 (este contrato sí fue licitado) para el monitoreo, la administración y control de las operaciones del centro de datos.
En total, ese primer año de operaciones, el BanBien otorgó 2 mil 164 millones 254 mil 17 millones de pesos. Al año siguiente, ese monto fue de 3 mil 557 millones 948 mil 197 millones de pesos. En 2021, las erogaciones se dispararon y llegaron a 18 mil 753 millones 80 mil 710 millones de pesos (se canceló el contrato con Bahud Processing Mexico S de RL de C.V. por 15 mil 787 millones 380 mil pesos). En el presente año, los contratos van en 8 mil 540 millones 166 mil 420 pesos.
El caudal de dinero público se mantendrá durante 2023. La meta original de 2 mil 700 bancos para este año no se cumplió, pero un plan de expansión reelaborado el pasado enero de este año los proyecta para 2023.
En tres años de funcionamiento, la institución ha sido dirigida por Rabindranath Salazar Solorio (2019-2020) y Diana Álvarez Maury (2020-2021). En estos momentos está a cargo de Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra.