El pasado julio, el Estado mexicano fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la inacción ante presuntos abusos cometidos en contra de 37 personas con discapacidad intelectual en el centro que se llamó Casa Esperanza.
De lado del Estado mexicano acudieron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF también de la Ciudad de México.
Desde 2014, la Iniciativa para los Derechos de las Mujeres en las Américas de Disability Rights International denunció que directivos de la Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, reconocieron esterilización de mujeres y niñas, además de violaciones en contra de cinco personas. En el expediente que dio a conocer la organización Casa Esperanza funcionó en coordinación con el DIF de la Ciudad de México.
Pero el DIF respondió a una solicitud de información que de 2004 a 2016 no le brindó ninguna ayuda económica a Casa Esperanza. Por lo menos, ello no está registrado en sus archivos.