De cómo "el cártel de la sangre" sigue en el gobierno de AMLO
Dos empresas de ese grupo continúan contratadas en la presente administración.
Por Linaloe R. Flores
(La Cerradura).- Entre 2008 y 2016, periodo en el que gobernaron Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), los bancos de sangre del Sistema Nacional de Salud fueron acaparados por 11 empresas que formaron una especie de asociación para simular competencia en torno a licitaciones públicas.
El 10 de agosto de 2020, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) le impuso multas por 626 millones 457 mil pesos al grupo y de paso lo bautizó como “cártel de la sangre”. Se trataba de las siguientes compañías:
Selecciones Médicas (Seme)
Selecciones Médicas del Centro (Semece)
Centrum Promotora Internacional (Centrum)
Impromed
Hemoser
Instrumentos y Equipos Falcón (Falcón)
Dicipa
Grupo Vitalmex (Vitalmex)
Vitalmex Internacional
Vitalmex Administración
Vitalmex Soporte Técnico.
Dos años después –en agosto de 2022–, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a cinco de esas 11 firmas:
Equipos Falcón
Centrum
Impromed
Selecciones Médicas
Valtrum
Pero ese pasado de sanciones no impidió la permanencia de parte del llamado “cártel de la sangre” en la mar de contratos de los gobiernos en México. En el lapso entre la multa de la Cofece y la inhabilitación de la SFP, Impromed y Centrum firmaron 77 contratos por cinco mil 295 millones 459 mil 662 pesos, de acuerdo con una investigación de La Cerradura.
A un ritmo de 38 contratos por año, lo que obtuvieron esas dos empresas señaladas de mal desempeño, equivale al costo de 418 mil 150 intervenciones quirúrgicas para no derechohabientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según los precios establecidos por el instituto para 2023.
Los contratos ganados fueron por servicios de estudios de laboratorio, análisis clinicos, pruebas, reactivos para los hospitales Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro y Dr. Samuel Ramírez Moreno, insumos para los laboratorios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como bancos de sangre en unidades médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Incluso, Centrum ganó contrataciones para suministrar pruebas SARS-CoV-2 para la Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica por la pandemia de COVID 19.
La mayor contratación fue para Impromed por dos mil 996 millones 773 mil 586 pesos con vigencia del primero de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2022 por un servicio médico integral de estudios de laboratorio clínico. De hecho, esta contratación estaba vigente cuando llegó la inhabilitación de la SFP.
El segundo se lo llevó Centrum y fue por 314 millones 90 mil 366 con vigencia del 13 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre del mismo año por un servicio de estudios de laboratorio clínico de pruebas SARS-CoV-2 para la Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica.
El tercero también lo tuvo Centrum por 286 millones 954 mil 545 por servicio de insumos y material para laboratorios clínicos de la Secretaría de la Defensa Nacional del 12 de julio de 2021 al 30 de junio de 2023.
Una batalla que continúa
La presencia de parte del llamado “cártel de la sangre” se extenderá por lo menos hasta junio de 2023 cuando concluya la vigencia de cuatro de los contratos firmados con Centrum. Se trata de servicios de suministro de insumos, reactivos y material para los laboratorios clínicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La suma fue de 761 millones 836 mil 214 pesos.
Impromed, por su parte, acudió a medios de impugnación. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa le otorgó el pasado 16 de enero la suspensión definitiva que solicitó respecto a la sanción económica de 100 millones 243 mil pesos impuesta por la Cofece, pero se la negó en cuanto a la inhabilitación de siete años de la SFP, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
La investigación
En 2020, la Cofece presentó la evidencia de una práctica monopólica absoluta, basada en una intensa y sofisticada comunicación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas para ganar licitaciones de los servicios públicos de salud. Era el epílogo de varias pesquisas iniciadas en 2016 después de una denuncia del IMSS.
En el expediente DE-011-2016, la comisión acreditó que 11 empresas habían establecido “un pacto de no agresión” para, en lugar de competir, repartirse licitaciones en 2008, 2010, 2011 y 2015. Con algunas variantes, este mecanismo se repitió una y otra vez durante casi una década.
Según la Cofece, había un ‘modus operandi’. Cada proveedor se quedaba con asignaciones de acuerdo con su capacidad instalada en determinadas regiones del país. El que iba a ser ganador establecía un precio en la licitación y el resto se presentaba con propuestas sin posibilidades de competir.
Con esa práctica sostenida y coordinada, eran esas empresas las ganadoras de los contratos generados en un área esencial de la salud pública de México.
Han pasado casi siete años del inicio de la investigación de la Cofece y Compranet aún da cuenta de una disputa por la sangre de México.