AMLO prefirió comprar por adjudicación directa
Esta es la fotografía de un año de adquisiciones públicas del hombre que ofreció “barrer” la corrupción de arriba hacia abajo.
Este viernes 1 de septiembre, en Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá el mensaje alusivo a su Quinto Informe de Gobierno. Así, con el proceso de sucesión echado a andar, empezará el último año de su gestión. La siguiente es una pieza sobre qué ocurrió en uno de los momentos más críticos de la administración: el año después de la declaración de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo compró el gobierno del presidente que ofreció “barrer” la corrupción? Los datos abiertos indican que las ventanas siempre estuvieron abiertas para que el polvo de ese mal se colara.
Por Linaloe R. Flores
(La Cerradura).- En 2021 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) otorgó por adjudicación directa –el procedimiento para contratar sin que medie concurso– el 78.5 por ciento del total de las contrataciones públicas.
Si fuera una colcha, la base de datos conformada por los contratos de la administración de AMLO de ese año sería de un solo color: el de la asignación en la que no hay competencia entre los proveedores.
Lo anterior contrasta con uno de los propósitos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El apartado I, titulado Política y Gobierno expone como objetivo de la administración de López Obrador, “erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad” y “verificar los precios del mercado”.
En el texto, se lee:
“… es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición”.
Pero los datos abiertos dicen que el gobierno de López Obrador no escapó a esta forma de contratar. Y ello lo asemejó al pasado. En 2015 cuando transcurría el tercer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, el porcentaje por ese procedimiento llegó a 73.3 por ciento, según la revisión de La Cerradura en Compranet. En el mismo momento político de AMLO, esta forma fue usada 5.2 puntos porcentuales más.
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La pandemia no fue la justificación
En el año nuevo de 2020, un virus con forma de corona se expandió en el planeta y dejó millones de muertes y enfermos. Los hospitales se saturaron y la economía retrocedió cuando el confinamiento frenó al sector de los servicios. El Gobierno mexicano reconoció la crisis sanitaria el 30 de marzo mediante un decreto.
Había que salir al mundo a comprar medicamentos, ventiladores y los insumos médicos para paliar la pandemia bautizada como COVID-19; de modo que con otro decreto, publicado el 4 de abril, la administración le otorgó el permiso a ciertas dependencias y organismos a comprar mediante adjudicación directa.
“Las Secretarías de Salud; de la Defensa Nacional, y de Marina; así como el Instituto de Salud para el Bienestar; el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia y con sujeción a sus recursos disponibles, serán las unidades facultadas para adquirir y, en su caso, importar los bienes y servicios, así como las mercancías y objetos a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo del Decreto señalado en el artículo anterior”, se lee en el decreto.
Pero en 2021 la COVID-19 no afectó al gobierno para contratar sin licitar. Sin las dependencias y organismos con permiso para usar ese procedimiento, el panorama fue muy similar. El Gobierno federal firmó 95 mil 783 contratos de los cuales, 74 mil 551 fueron por adjudicación directa. Es decir, sin la necesidad de enfrentar al SARS CoV2, ese procedimiento prevaleció en 77.8 por ciento.
De hecho, el contrato mayor por adjudicación directa firmado por la administración de AMLO no estuvo relacionado con la COVID-19. Le correspondió al Banco del Bienestar y lo pactó con Bahud Processing Mexico, filial de la firma panameña Global Recash SA de CV, por 15 mil 787 millones 380 mil pesos. De acuerdo con la revista Forbes, la empresa fue creada por el empresario costarricense Urcuyo Fernández, en 2018. Es decir, esa entidad recibió el contrato más grande del gobierno de AMLO cuando apenas tenía tres años de operar en México.
El 23 de enero de 2022 Víctor Lamoyi Bocanegra, director del Banco del Bienestar, dio a conocer en una gira por el Estado de México que el contrato con Bahud estaba cancelado.
“El 21 de diciembre de 2021 se determinó dar inicio al procedimiento de rescisión de dicho contrato, con apego a la normatividad en materia de adquisiciones (…) con fecha 14 de enero del 2022, se resolvió la rescisión formal del contrato y el Banco notificó la decisión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, dijo.
Hasta ahora, no hay más explicación al respecto y tampoco qué empresa se quedó a cargo de la instalación de los servicios de operaciones y transacciones bancarias mediante tarjetas de crédito o débito de uno de los programas más emblemático del gobierno.
Cultura, la dependencia con más nivel de adjudicaciones directas
La Secretaría de Cultura es la que más adjudicó de manera directa. De sus mil 958 contratos, el 97.5 por ciento fue mediante ese procedimiento. Su contrato directo mayor fue para un servicio de conducción de señales y red digital con Axtel.
En segundo lugar quedó la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano con el 91.5 por ciento. Esta dependencia firmó mil 788 contratos, de los cuales, mil 637 se dieron de manera directa. La cantidad más grande fue para la construcción de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en comunidades yaquis en Sonora, en el Programa de Mejoramiento Urbano 2021. Gastó en ello 169 millones 338 mil 999 pesos.
Y en tercer sitio, se posicionó la Secretaría de Bienestar con mil 538 contratos directos de mil 729 que fueron firmados. En lo que más gastó fue en el servicio de transportación para los apoyos en especie agroforestales del programa Sembrando Vida 2021 con la comercializadora ICIT por 65 millones 360 mil 500 pesos.
Con el extranjero también predominó la adjudicación directa
El gobierno de AMLO tuvo mil 183 contratos firmados en monedas extranjeras en 2021, de los cuales, 927 fueron por adjudicación directa.
Los que se acordaron en dólares fueron mil 113 y sumaron 521 millones 94 mil 726, lo que en pesos equivale a 10 mil 605 millones 151 mil 549.
El contrato más alto en dólares lo signó el Sistema de Administración Tributaria con Microsoft Corporation para la administración de la “nube 6”. Se inició en junio de 2021 y concluirá en mayo de este año. Fue por 70 millones 934 mil dólares que en pesos son mil 440 millones 314 mil 883 pesos.
Ese contrato fue parte de la inversión de mil 100 millones de dólares anunciada por la empresa de Bill Gates y dirigida por Satya Nadella como parte de un plan denominado “Innovar por México”, según la conferencia mañanera del presidente López Obrador, del 20 de febrero de 2020.
Birmex firmó el más alto en euros. Lo hizo con Uab Jorinis para adquirir medicamentos del 22 de enero al 30 de abril de 2021. La empresa está ubicada en la ciudad lituana de Kaunas.
En libras esterlinas, el mayor lo firmó el Centro de Investigación en Química Aplicada, incorporado al entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con MLS Solution Providers.
En yenes japoneses se firmó otro. Lo hizo el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional con High Energy Accelerator Research Organization.
Así fue como en 2021, en materia de contrataciones públicas, la administración de López Obrador escribió una página similar a las del pasado.
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Los otros procedimientos mediante los cuales, el gobierno federal hizo sus compras de insumos o contrató servicios en 2021 fueron:
La licitación pública que llegó al 11.2%
La invitación a cuando menos tres personas que alcanzó el 7%,
Otras contrataciones que tuvo el 2.6%
El contrato entre entes públicos que aportó el 0.5%