CIENFUEGOS MULTIPLICÓ CUATRO VECES SU DINERO EN EL ÚLTIMO TRAMO DE EPN
En 2015, el año en que habría empezado a participar en conspiración para narcotráfico, el dinero del General subió en su cuenta como la espuma. Eso, según él mismo, en sus declaraciones patrimoniales.
Por Linaloe R. Flores
(La Cerradura).- Cauteloso y discreto, Salvador Cienfuegos Zepeda no hizo públicos los montos en sus declaraciones patrimoniales de sus cuentas bancarias, de 2013 a 2014, el primer año en que se desempeñó como Secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Pero el 15 de mayo de 2015, le informó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) -y permitió que fuera público-, que tenía una cuenta de banco con tres millones 534 mil 336 pesos. Ese mismo monto pasó en mayo de 2018 a cinco millones 619 mil 730 pesos. Y en apenas un semestre, ese dinero creció como la espuma y quedó en 13 millones 865 mil 443 pesos. Con ese dinero en sus bolsas concluyó el servicio público que prestó como hombre clave de la seguridad nacional del país que ayer se conmocionó al saber que fue detenido en Estados Unidos.
Al tiempo que su dinero crecía, el General se desempeñaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional con un perfil firme, plantado y de dichos inamovibles. Cuando hablaba su gesto era duro, sin muchas gesticulaciones. En sus apariciones públicas mantenía la mirada fija, como si se fugara a un pensamiento profundo. Con ese carácter, enfrentó las crisis generadas en las tragedias que marcaron el sexenio peñanietista.
Los años en que se observa el crecimiento de su fortuna coinciden con el periodo que refiere la acusación en su contra presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante un Gran Jurado. Según el expediente CR-19-366, el General mexicano iba a enfrentar cinco cargos criminales en una corte federal de Nueva York, entre ellos, tráfico de heroína, cocaína, mariguana y metanfetaminas, además de conspiración para la distribución de drogas en Estados Unidos. El legajo de señalamientos lo vinculaba con el llamado cártel H-2, una escisión del grupo de los hermanos Beltrán Leyva, cuyas operaciones ocurren en Sinaloa y Nayarit. En su posición oficial, el ex secretario habría recibido sobornos.
Mientras, una única cuenta bancaria del General se abultaba. Su dinero se multiplicó 3.9 veces entre 2015 y 2018, consta en las 21 declaraciones patrimoniales alojadas en Declaranet, de la SFP, y revisadas por La Cerradura. En ese poder adquisitivo, se encuentra la paradoja de que en mayo de 2018, contaba con una tarjeta de crédito con la que había realizado 450 pagos y su saldo era de cero pesos.
Sobre la matanza de 22 personas en el poblado El Limón, en Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, el General avaló la versión del teniente del pelotón militar y de otros mandos del 102 Batallón de Infantería del Estado de México de que los caídos eran delincuentes. Después de que testigos declararon a varios medios que los militares dispararon cuando el bando contrario se había rendido, el caso le dio la vuelta al mundo. Entonces, hubo que retroceder. Al final, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó por homicidio calificado a varios militares que participaron en este enfrentamiento.
Luego cayó la oscura noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas rurales desaparecieron de la faz de México. Se esfumaron justo en el perímetro de seguridad que corría a cargo del Ejército, cuyo 27 Batallón de Infantería tiene su base en Iguala, Guerrero. En octubre de 2015, más de un año después de la desaparición, el General Salvador Cienfuegos se negó a que los militares rindieran cualquier declaración sobre la tragedia.
En una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, en Televisa, dijo: “Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible. Las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”.
Esa dureza la mostró también con frases como “bestias criminales” que pronunció en 2016 cuando cinco soldados fueron asesinados por presuntos sicarios del llamado Cártel de Sinaloa. “De manera cobarde y ventajosa, nuestros soldados fueron emboscados por otro grupo … de enfermos, insanos, bestias, criminales … (contra ellos) vamos con toda la fuerza”, dijo.
Su fortuna la publicó poco a poco. Atenido al derecho que brinda la Ley General de Responsabilidades Administrativas a los funcionarios de no hacer pública su declaración patrimonial, si así no lo desean, el General empezó a dar a conocer lo que tenía a partir de 2013 cuando fue nombrado Secretario de la Defensa Nacional. Al servicio público ingresó en 2004 -cuando gobernaba Vicente Fox Quesada- como Oficial Mayor de esa misma dependencia. Tuvo ahí otros cargos.
El 1 de diciembre de 2018, durante la ceremonia de Entrega y Recepción de la Secretaria de la Defensa Nacional a los encargados del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el General Salvador Cienfuegos Zepeda anunció su retiro.
Entre sus posesiones estaban un Audi de un millón 659 mil 910 pesos adquirido a crédito, una Hummer de 33 mil 431 que le fue donada y otro coche de un millón 726 mil 541 pesos adquirido en 2018 (no dijo cómo) eran también sus posesiones al momento de irse.
También había casas. Durante el sexenio mantuvo cuatro adquiridas entre 1973 y 2006. La más grande está en un terreno de 563 metros cuadrados y tiene una construcción de 392. La adquirió en 2006 y según él, en 2018 valía tres millones 974 mil pesos. Ese año de su retiro, vendió dos, una de 170 metros cuadrados de construcción que había adquirido en 1989 y otra de 108 que compró en 1992.
El pasado 19 de noviembre, el General esperaba ser trasladado a México después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le retiró los cargos. Según información suscrita por los gobiernos de México y Estados Unidos, la decisión se debió a un acuerdo en el que prevaleció la salud de la relación diplomática.
Ayer, 14 de enero de 2020, la Fiscalía General de la República lo liberó de todo ejercicio penal en su contra en México.